OHL aporta nuevos datos de forma voluntaria a la investigación en curso de la Audiencia Nacional (“Operación Lezo”)

OHL, de forma voluntaria, atendiendo al mandato de la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración (“CAC”), a través de la Dirección de Auditoría Interna (“DAI”) y la Dirección de Cumplimiento (“DC”), ha puesto en marcha voluntariamente una investigación interna en el marco del requerimiento judicial de información llevado a cabo por parte de la Guardia Civil el pasado 20 de abril en relación con la Operación Lezo, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Dicha investigación interna se ha dirigido a:

1.- Comprobar si se ha realizado alguna transferencia desde alguna sociedad del Grupo OHL, en cualquier geografía, que se pudiera corresponder a la transferencia de 1,4 Mill € que, según los medios de comunicación, y según lo que se pudo deducir de la información solicitada por la comisión judicial que visitó la sede de OHL el pasado jueves 20 de abril, supuestamente hizo alguna sociedad del Grupo OHL a una cuenta en Suiza de la que era titular una sociedad llamada Lauryn Group lnc.

2.- Comprobar si hay algún indicio o sospecha de irregularidad en todo el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de la concesión “Cercanías Móstoles­ Navalcarnero” (“CEMONASA”)

3.- Comprobar si D. Javier López Madrid, Consejero externo dominical desde el año 2002 y que nunca ha tenido responsabilidades ejecutivas ni de representación del Grupo OHL, ha tenido en algún momento poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a  empleados del Grupo OHL para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias.

Esta iniciativa de complementar la investigación oficial y aportar de forma voluntaria cuanta información obra en nuestro poder demuestra el compromiso corporativo de tolerancia cero con la corrupción, el cumplimiento estricto del Código Corporativo de Buen Gobierno y la máxima transparencia y colaboración con la Justicia que preside todos los actos de la Sociedad.

La Compañía considera que en estos momentos es importante recordar que desde la fundación del Grupo (que incluye a Obrascón Huarte Lain, S.A. y a todas sus filiales, nacionales y extranjeras) en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado de OHL ha sido condenado nunca por corrupción, ni en España ni en ningún otro país.

Análisis de las transferencias identificadas

A través del sistema informático (“ERP”) se han identificado dos transferencias, que no coinciden exactamente con la supuesta transferencia referida, pero que si están dirigidas a una sociedad llamada Lauryn Group lnc, domiciliada en Panamá y a una cuenta en el Anglo lrish Bank, en Suiza. Se trata de dos transferencias, por un importe total de 2,5 millones de dólares USA, realizadas en noviembre de 2007.

Dichas transferencias están debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario de nuestras empresas, y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionados con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

Todas las personas que en la fecha en que se hicieron dichas transferencias tenían responsabilidad ejecutiva, directa o indirecta, sobre estas transacciones hace tiempo que no están en el Grupo, bien sea por jubilación, por baja voluntaria o por despido.

A pesar de que se trata de conclusiones preliminares, dado que tanto la DAI como la DC continúan investigando (con medios propios y externos) para esclarecer hasta el máximo posible los hechos, OHL ha procedido dar traslado a las autoridades judiciales de los hallazgos encontrados tan pronto ha tenido conocimiento  de los mismos.

Sin irregularidades en el contrato de la concesión Cercanías Móstoles-Navalcarnero (CEMONASA)

Según las conclusiones del análisis interno preliminar, no resulta ni el menor  indicio  ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de CEMONASA y se puede concluir, con el grado de avance actual de los trabajos, que la adjudicación de la concesión y todas las actuaciones posteriores en relación con la misma se han realizado con total transparencia y ajustadas a Derecho. Dicho análisis preliminar interno, además de constatar que no ha habido ninguna irregularidad  de ningún tipo, ha verificado nuevamente que este contrato ha sido un proyecto ruinoso para OHL y que ha supuesto el mayor quebranto para el Grupo en un solo proyecto en toda su historia, con una inversión pendiente de recuperar de 259 millones de euros. La sociedad concesionaria del mismo, CEMONASA, entró hace meses en concurso de acreedores y actualmente está en fase de liquidación.

En relación con ese contrato, la Comunidad Autónoma de Madrid (“CAM”) ha instado la ejecución de los avales presentados, una ejecución que el Grupo OHL considera no ajustada a Derecho y que está recurrida en los Tribunales de Justicia, al igual que las cuantiosas multas impuestas por la CAM . En ese sent ido, OHL inició el pasado 3 de diciembre de 2016 las correspondientes acciones judiciales contra la CAM , reclamando ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el reembolso de la inversión realizada y los daños y perjuicios.

De todo lo anterior se deduce que la CAM ha actuado en todo momento con máximo respeto a la legalidad, transparencia y rigor y sin el más mínimo trato de favor.

D. Javier López Madrid nunca ha tenido responsabilidades ejecutivas o de representación en el Grupo OHL

Ni en las fechas en las que se supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha, D. Javier López Madrid ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a empleados del Grupo OHL para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el Grupo OHL.

A día de hoy, D. Javier López Madrid tiene la condición de investigado en esta causa, no estando acusado formalmente de ningún delito. Tampoco OHL, ni ninguno de sus empleados o directivos, están acusados de ningún delito.